Desde hace más de una década, los sistemas de etiquetado frontal de alimentos han emergido como una de las herramientas más populares en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, impulsados por la promesa de modificar los hábitos de consumo, aunque los resultados observados hasta ahora distan de ser concluyentes.
Octógonos negros, semáforos de colores, letras de la ‘A’ a la ‘E’: cada modelo llega con promesas de cambio de hábitos, reformulación de productos y mejora de la salud pública.
Sin embargo, los datos acumulados en los países en donde estos sistemas han sido implementados, cuentan una historia diferente. La adopción del etiquetado frontal de alimentos no tiene una correlación directa en las tasas de obesidad.
No impulsa transformaciones reales en la industria alimentaria. Y, en varios casos, ni siquiera orienta adecuadamente al consumidor a realizar decisiones de compra saludables.
En Argentina, la discusión llegó al centro de la escena cuando, en mayo de este año, el gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar la Ley 27.642 de Etiquetado Frontal de Alimentos, vigente desde 2021.
La iniciativa propone eliminar por completo los octógonos negros que advierten sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías. Los argumentos apuntan a fallas técnicas, costos operativos y, sobre todo, a una distorsión conceptual: el sistema binario no distingue entre matrices alimentarias distintas, ni entre porciones efectivamente consumidas.
Un alimento puede acumular varios sellos aunque su composición haya mejorado, porque los umbrales no reconocen el cambio gradual.
La propia Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), que rechazó la derogación, reconoció en su comunicado oficial que el sistema vigente «ha generado mucha confusión en los consumidores y aún en los profesionales nutricionistas».
Señaló que productos con menor cantidad de nutrientes críticos pueden terminar cargando más octógonos que otros con peor composición real, dependiendo de cómo se aplica el perfil de la OPS.
La misma organización que defiende el etiquetado calificó su aplicación como «errónea desde un principio» y describió el modelo actual como un desincentivo para que la industria reformule sus productos. Que quienes sostienen la política pública admitan estas inconsistencias habla, por sí solo, de la fragilidad técnica del instrumento.
Chile es el caso más estudiado del mundo. Implementó los octógonos negros en 2016, con casi una década de ventaja sobre Argentina. Sus resultados son, como mínimo, ambiguos.
Un estudio publicado en junio de 2026 en The Lancet identificó una reducción mensurable en el exceso de peso en niños de edad escolar temprana durante la primera fase de la ley, la de umbrales más altos y menor alcance. Pero esa primera fase es, por definición, la de menor exigencia.
Y el cuadro macro es otro: Chile sigue proyectando un avance imparable de la obesidad. Investigaciones publicadas en 2025 estiman que el país podría superar el 85% de adultos con exceso de peso hacia 2050, a pesar de llevar casi diez años con el etiquetado más estricto de la región. La herramienta más citada como modelo internacional no logró frenar la tendencia.
En Europa, el fracaso del Nutri-Score como proyecto supranacional es aún más revelador, porque ocurrió sin que nadie lo declarara formalmente. En marzo de 2025, documentos filtrados por la ONG Foodwatch revelaron que el director general de Agricultura de la Comisión Europea garantizó que las futuras propuestas de etiquetado «no copiarán ningún sistema existente».
La portavoz de la Comisión se negó a confirmar si el Nutri-Score seguía siendo respaldado. Un analista de Food Law Science & Partners lo describió sin rodeos como «una admisión implícita de fracaso». Así, el sistema que ocho países europeos adoptaron voluntariamente quedó huérfano de proyecto político unificado, a pesar de que la obesidad en el bloque sigue en ascenso.
Francia es el espejo más nítido de esta contradicción. El mismo país que inventó el Nutri-Score en 2017 y que en noviembre de 2025 votó en la Asamblea Nacional para hacerlo obligatorio, convive con una evidencia incómoda: los consumidores franceses conocen el sistema, pero no lo usan como se esperaba.
Un estudio cualitativo publicado en BMC Public Health en 2024, realizado con 51 participantes en condiciones reales de compra, concluyó que el Nutri-Score se utiliza de forma secundaria, subordinado al precio y a los hábitos adquiridos. No cambia la decisión de compra; confirma lo que el consumidor ya pensaba hacer. Al mismo tiempo, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, criticó públicamente la nueva versión más estricta del algoritmo por el impacto sobre quesos, embutidos y otros productos del patrimonio gastronómico francés. El etiquetado que supuestamente debía orientar al consumidor terminó convertido en un campo de batalla entre ministerios.
A escala global, la evidencia que acumulan los países que llevan más tiempo con estos sistemas es difícil de ignorar. Un estudio de la Universidad de Georgetown, publicado en 2025 y que analizó estadísticas de obesidad y datos de largo plazo de decenas de países con etiquetado de advertencia, concluyó que no existe evidencia sólida de que las etiquetas interpretativas mejoren las dietas o frenen las tasas de obesidad.
En México, una revisión sistemática llegó a la misma conclusión: el etiquetado frontal no modifica el consumo. La hipótesis de que informar al consumidor sobre la composición de un producto basta para cambiar conductas arraigadas no tiene respaldo empírico consistente en ningún país del mundo.
En Estados Unidos, la FDA avanzó a comienzos de 2025 con una propuesta de etiquetado frontal para la mayoría de los alimentos envasados. El período de comentarios se abrió, se extendió y luego se cerró en silencio. No hubo anuncio de la regla final. El país con la mayor tasa de obesidad del mundo desarrollado observa la experiencia de los demás y no encuentra razones suficientes para acelerar la implementación de un sistema cuya eficacia nadie ha podido demostrar de manera consistente.
El problema de fondo no es si los octógonos son negros, si las letras van de la ‘A’ a la ‘E’ o si los colores son los del semáforo. El problema es creer que llenar los envases de etiquetas transformará conductas arraigadas en contextos donde el precio, el acceso, la publicidad y la cultura alimentaria operan con una fuerza incomparablemente mayor. Mientras los gobiernos debaten el tamaño del octógono, las tasas de obesidad siguen su trayectoria. Eso, en sí mismo, es una respuesta.